De intervenciones, deudas y la muerte de uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
- MATEO HIDALGO M
- 16 feb
- 5 min de lectura
En Manizales, enfermarse ya no es solo una prueba física. Es una prueba de resistencia económica, emocional y, en muchos casos, una sentencia silenciosa. La crisis de la salud dejó de ser un debate técnico para convertirse en una experiencia diaria de humillación, angustia y miedo.
En mis recorridos por Caldas he conocido muchas personas y muchas historias. Hoy quiero contarles la de Blanca, una mujer de 50 años que recientemente fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Vive en una vereda del oriente del departamento y es madre soltera de tres hijos de 15, 10 y 5 años, quienes dependen completamente de ella y de su trabajo en el campo. Para Blanca, viajar a Manizales implica enormes sacrificios; en los últimos siete meses ha tenido que hacerlo en cinco ocasiones sin obtener respuesta: ya no le practican quimioterapias y no dispensan sus medicamentos o, con suerte, solo recibe algunos de ellos. Hoy, su salud está en riesgo.
La historia de Blanca no es un caso aislado. Hoy es común ver ciudadanos haciendo filas desde las tres de la mañana, soportando el frío y el cansancio, con la esperanza de recibir un medicamento que muchas veces nunca les entregan. Adultos mayores, pacientes crónicos y madres con hijos enfermos esperan durante horas para regresar a casa con las manos vacías. Eso no es una falla administrativa: es inhumano.
Las EPS que hoy concentran la mayor parte de esta crisis en Manizales y Caldas —como la Nueva EPS y Famisanar— no son privadas. Son entidades de carácter público, que administran recursos públicos y atienden principalmente a la población más vulnerable del país. La Nueva EPS supera los 10 millones de afiliados en Colombia, y Famisanar cuenta con más de 3 millones de usuarios. Cuando estas EPS públicas fallan, el impacto no es marginal: es masivo y devastador.
El sistema hospitalario del departamento está al límite. El Hospital Universitario de Caldas y el Hospital Departamental Santa Sofía, pilares de la atención en Manizales, enfrentan una asfixia financiera histórica. Las millonarias deudas acumuladas por la Nueva EPS comprometen seriamente la prestación de servicios, el pago al talento humano y la sostenibilidad misma de la red pública hospitalaria.
Pero el drama va mucho más allá de los balances contables.
Más de 1.700 pacientes afiliados a la Nueva EPS, que venían siendo atendidos en el Hospital de Caldas por patologías graves —cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, entre otras— hoy están en un limbo absoluto. El sistema no tiene claridad sobre dónde están, quién los atiende ni cómo se está garantizando la continuidad de sus tratamientos.
En salud, perder la trazabilidad de un paciente no es un error administrativo: es condenarlo al abandono.
La crisis golpea con especial crudeza a los pacientes con enfermedades de alto costo. Personas con cáncer que no reciben quimioterapias a tiempo. Pacientes diabéticos sin insulina. Enfermos cardiovasculares sin medicamentos esenciales. La interrupción de tratamientos no solo deteriora la calidad de vida: acelera la muerte.
También golpea a las mujeres en embarazo. En Manizales, hoy hay gestantes que no pueden escoger dónde va a nacer su bebé, porque el sistema no les garantiza atención en la ciudad. Muchas quedan sometidas a la disponibilidad que aparezca en otros departamentos, viéndose obligadas a parir lejos de su familia, en lugares como Tolima o Santander, en condiciones de incertidumbre y angustia que ningún embarazo debería soportar.
En medio de este abandono institucional, algunas entidades han respondido con humanidad. La Clínica Hospedale, aun sin tener convenio con la Nueva EPS, ha atendido partos en situaciones críticas sin esperar contraprestación, permitiendo que bebés nazcan en Manizales y no a cientos de kilómetros de su hogar. Estos gestos honran a la medicina, pero también evidencian una verdad incómoda: cuando el sistema público falla, otros asumen una carga que no les corresponde.
Ante la falta de medicamentos, citas y tratamientos, muchos pacientes han sido empujados a una situación límite. El único refugio que les queda —por costos y por desesperación— es recurrir a medicamentos homeopáticos o alternativas informales, no por convicción, sino porque el sistema formal los expulsó. No es una elección libre: es el último recurso frente a la cruda realidad de la enfermedad y la muerte.
La carga económica es brutal. Colombianos afiliados a estas EPS públicas, que devengan un salario mínimo, están destinando en promedio hasta el 40 % de sus ingresos mensuales para comprar medicamentos que el sistema debería suministrarles y no entrega. Cuando una familia debe elegir entre comer o medicarse, el sistema ya fracasó.
A esta tragedia se suma el colapso del sistema judicial, que hoy soporta una carga desproporcionada de tutelas e incidentes de desacato en materia de salud. La tutela, concebida como un mecanismo eficaz para proteger el derecho fundamental a la vida, ha perdido efectividad real. Las EPS públicas intervenidas se han vuelto expertas en dilatar, incumplir y desacatar los fallos judiciales, al punto de que algunos de sus representantes prefieren pernoctar en la cárcel antes que cumplir las órdenes de los jueces. Cuando ni siquiera una decisión judicial logra garantizar un medicamento o un tratamiento, el Estado ha perdido control sobre su propio sistema.
La tragedia también alcanza a quienes sostienen la atención en primera línea. Los profesionales de la salud, que hace cuatro años eran aplaudidos por arriesgar su vida durante la pandemia, hoy enfrentan una realidad indignante: más de 12 meses de salarios adeudados en algunos casos. Médicos, enfermeras y personal asistencial trabajando en condiciones de incertidumbre, agotamiento y abandono institucional.
Aunque el sistema de salud colombiano tenía fallas que exigían correcciones profundas, lo que hoy viven Manizales y Caldas no es una transición ordenada ni una reforma responsable. Las intervenciones, la incertidumbre financiera y la ruptura en la cadena de pagos han debilitado gravemente la capacidad operativa de hospitales, clínicas y farmacias. En salud, cada decisión mal ejecutada no queda en el papel: se traduce en tratamientos suspendidos, diagnósticos tardíos y vidas en riesgo.
Manizales no puede normalizar filas interminables para no recibir medicamentos, pacientes desaparecidos del sistema, mujeres obligadas a parir lejos de su tierra, jueces desbordados por tutelas inútiles, profesionales sin salario y hospitales públicos al borde del colapso. Esto no es una crisis menor: es una crisis humanitaria.
El problema no está en el médico que da la cara, ni en el juez que falla a favor del paciente, ni en el hospital que resiste sin recursos.
El problema está en un sistema público intervenido, endeudado y desordenado, cuya factura hoy la pagan los ciudadanos más vulnerables.
Por: Mateo Hidalgo Montoya
Empresario y candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Caldas, 101.
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