Entre bloqueos, manipulaciones y berrinches por promesas incumplidas.

En democracia, protestar es un derecho. Bloquear, presionar y poner en riesgo la estabilidad jurídica del Estado para obtener réditos políticos no debería convertirse en método legítimo de acción pública.

Lo que hoy ocurre alrededor de la Concesión Autopistas del Café merece una reflexión profunda y serena. El representante Santiago Osorio ha decidido acompañar y promover movilizaciones que buscan forzar el cierre de peajes y precipitar la terminación de una concesión que, según el propio marco contractual y las decisiones arbitrales, continúa vigente hasta el año 2027.

Y aquí aparece la primera pregunta de fondo: ¿quién asumirá las consecuencias económicas, jurídicas y sociales de una ruptura anticipada?

Expertos en infraestructura y distintos sectores económicos han advertido que una terminación unilateral sin sustento jurídico suficiente podría desencadenar multimillonarias indemnizaciones contra el Estado colombiano.

Es decir: mientras algunos hacen política incendiando emocionalmente a la ciudadanía, quienes terminarían pagando las consecuencias serían los contribuyentes colombianos.

Pero el problema no termina ahí.

También están en juego cientos de empleos directos e indirectos vinculados a la operación y mantenimiento del corredor vial, además de la sostenibilidad futura de una infraestructura estratégica para el Eje Cafetero.

La discusión sobre los peajes es legítima. Claro que sí. Toda obra pública debe estar sometida al debate ciudadano. Pero una cosa es debatir institucionalmente y otra muy distinta imponer decisiones mediante presión de hecho, bloqueos y amenazas de paralizar corredores estratégicos.

La democracia no puede funcionar bajo la lógica de que quien más bloquea, más obtiene.

Y quizás lo más preocupante es el mensaje político de fondo. Durante los últimos años, Colombia ha vivido una peligrosa normalización de las vías de hecho como mecanismo de presión pública. Desde el poder se ha enviado con demasiada frecuencia la idea de que bloquear, presionar o desafiar la institucionalidad resulta válido cuando sirve a determinados intereses políticos. Ese precedente ha debilitado la autoridad institucional, ha erosionado el respeto por la ley y ha terminado por incentivar una cultura donde el ruido pareciera imponerse sobre las reglas democráticas.

Es por esto que preocupa que dirigentes de ese mismo sector político hoy pretendan trasladar esa lógica al Eje Cafetero: sustituir el debate técnico y jurídico por la presión callejera y la confrontación emocional.

Y en el fondo de toda esta discusión también existe una realidad política inocultable: durante campaña se prometió que los peajes de la concesión desaparecerían en este gobierno. Hoy, frente a una promesa que no pudo cumplirse ni técnica ni jurídicamente, algunos parecen haber optado por trasladar la frustración política a las carreteras y a la presión social.

Gobernar no consiste en incendiar la opinión pública cuando la realidad termina desmontando los discursos de campaña. Gobernar exige responsabilidad, seriedad y respeto por las instituciones, incluso cuando las promesas chocan con los límites jurídicos y fiscales del Estado.

Las comunidades indígenas merecen respeto, dignidad y protección. Su voz debe ser escuchada siempre. Pero precisamente por eso resulta tan delicado convertirlas en instrumento de confrontación política para presionar decisiones técnicas, jurídicas y fiscales de enorme impacto nacional.

La defensa de las minorías no puede degenerar en su utilización simbólica para amplificar disputas ideológicas o electorales.

Y también es válido preguntar con transparencia : ¿quién financia estas movilizaciones?, ¿quién coordina su logística? y ¿bajo qué intereses políticos se están promoviendo este tipo de actuaciones?

Porque entonces dejamos de hablar de representación social y empezamos a hablar de instrumentalización política.

Colombia necesita dirigentes capaces de construir consensos, no de exacerbar conflictos. Necesita líderes que entiendan que la seguridad jurídica no es un capricho empresarial sino una condición básica para atraer inversión, generar empleo y sostener la confianza institucional.

Cuando la política abandona los argumentos y reemplaza el debate por la presión callejera, todos perdemos.

Perdemos como región, perdemos como economía y perdemos, sobre todo, como democracia.

La institucionalidad no puede gobernarse desde el ruido de los bloqueos ni desde la presión emocional del momento. Debe gobernarse desde la ley, la responsabilidad y el interés general.

Porque el día en que normalicemos las vías de hecho como mecanismo para imponer decisiones públicas, habremos abierto una puerta muy difícil de volver a cerrar.